Los asesores del ministro de Hacienda plantean la denominada "devaluación fiscal" para mejorar el saldo de nuestra balanza comercial. Se trata de un mecanismo de la política fiscal de nuestro Gobierno que estriba en la subida del I.V.A. y en una bajada simultánea de las cotizaciones sociales por parte de las empresas. Pero, ¿qué consecuencias adicionales implica esta acción?
La gran pregunta es, ¿se mantendrán los precios? En un principio parece ser que los precios en el interior se mantendrán puesto que se lleva a cabo un política fiscal contractiva (baja de las cotizaciones sociales) y expansiva (subida del I.V.A.) a la vez. Sin embargo, vamos a centrarnos en que ocurrirá entre la relación de los agentes económicos, es decir, en la microeconomía.
La mejora de la competitividad
hace que aumente la demanda exterior y se mantenga la interior (incrementando la demanda global). Consecuencia de ello y bajo un mercado de competencia perfecta, subirá
el precio. Para que no disminuya la renta disponible y estimular la demanda interna, los salarios tendrán que aumentar y con ello el coste laboral y finalmente el precio de los productos y servicios exportados volverá a su nivel de origen.
En mi opinión, la fórmula a emplear debería asegurar la competitividad en el exterior mejorando la productividad (por otros medios) y replanteando las estrategias, pero sin que ello afecte negativamente a la demanda interna. Claro, es díficil teniendo a un Consejo Europeo coaccionando al Gobierno español para que aumente la presión fiscal del país y centre sus esfuerzos en el objetivo de déficit. Concluyendo, la subida de los impuestos indirectos no es la solución para una población en la que cada vez se ven más acentuadas las diferencias sociales y una demanda interna muy mermada con la crisis actual.
Aquí adjunto el enlace del Estudio sobre el impacto de la devaluación fiscal elaborado por la Comisión Europea.
